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Published on enero 31st, 2014 | by UReporter

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EDITORIAL ¿Estado Laico o Confesional?

Fabián Solano
Editorial
 

Desde hace un tiempo en la agenda pública nacional se viene discutiendo sobre la confesionalidad del Estado costarricense, su conveniencia, atinencia en la sociedad actual y sus costos. Dicha confesionalidad es dada por rango constitucional en el artículo 75 de nuestro pacto social, el cual define que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana, lo anterior sin detrimento a la libertad de culto religioso del que goza todo individuo en la nación.

Como es lógico, esta definición religiosa del Estado conlleva una serie de acciones y repercusiones en el ejercicio del poder del gobierno y en el día a día de nuestro país. Se han abordado ampliamente las consecuencias de tener un Estado con religión oficial, entre las más comentadas se encuentra el tema de las trasferencias económicas que el Estado gira a dicha religión y que sólo en el periodo 2010–2012 sumaron 1.652, 9 millones de colones, algunos detractores de este giro señalan que con esta suma se hubieran podido financiar 295 bonos de vivienda o 16.500 subsidios de 100.000 colones para familias en pobreza extrema, medida que es aplicada por el Instituto Mixto de Ayuda Social.

tumblr_mv1qroeBH31qcnn8do1_500Sobre estos giros existen varias interrogantes u observaciones, entre las cuales resaltan el hecho de que la estructura religiosa no realiza una liquidación formal del dinero recibido, es decir se señalan oportunidades de mejora en el tema de rendición de cuentas por encima de recursos que son fondos de carácter publico. Si bien es cierto que el giro como tal debe ser sujeto de observación y análisis, quizá lo más importante de señalar es la atinencia del mismo, en un marco social en donde todos los ciudadanos del país somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos deberes y derechos, se hace cuestionar la necesidad de que ciudadanos de credo no católico o no creyentes financien por medio de sus impuestos una religión con la cual no tiene ningún nivel de conexión.

Más allá del tema económico se encuentra el tema político, el poder del que goza la religión católica y el cual ejerce de manera sistemática para sacar adelante sus temas de interés y presionar para lograr posturas gubernamentales en ciertas discusiones públicas. Para algunos, gran parte de este poder político es afianzado en gran medida en el mencionado artículo 75 de nuestra Constitución y hasta es tachado de sobrevalorado debido a que esta es una sociedad que se declara cada vez menos seguidora de la religión católica y aún menos practicante activa de la misma.

El principal  argumento esgrimido de los grupos que pujan por un Estado laico es la libertad que cada individuo debe de tener de sentirse libre de ejercer su espiritualidad al margen del Estado, ya que aunque se tiene asegurada una libertad de culto, existe toda una “preferencia” hacia la iglesia católica, la misma es partícipe de primera fila en todos los actos oficiales de gobierno, consultada sobre muchas de las políticas públicas en formulación y hasta se imparten clases de esta religión en todos los niveles de la educación pública, todo esto para algunos lesiona de manera directa la neutralidad que el Estado debe tener hacia sus habitantes en temas de índole privada.

Lo que no podemos dejar de lado, es que el Estado somos todas y todos, sin distingo de raza, edad, etnia, orientación sexual ni credo religioso, en ese entendido el Estado no tiene espíritu, ni conciencia propia para definir sus preferencias religiosas y todas las minorías habitantes en la nación deben ser sujetas del mayor respeto, en este caso la delimitación de una religión oficial alegando que es la de la mayoría podría efectivamente lesionar las posturas de minorías.


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